El 24 de mayo de 2024, el Consell de Govern aprobó un decreto destinado a simplificar y racionalizar la administración pública en las Islas Baleares. El decreto introduce más de 170 enmiendas en aproximadamente cincuenta leyes y decretos para reducir los obstáculos burocráticos para los ciudadanos y mejorar la eficiencia administrativa.
Los cambios clave incluyen la abolición de la Comisión Balear de Medio Ambiente, la agilización de los permisos de construcción urbana y la integración de los servicios sociales en un sistema de registro unificado. El decreto también simplifica la gestión de los recursos hídricos y acelera los proyectos de transición energética al elevar el umbral para las instalaciones fotovoltaicas que requieren aprobación previa.
Además, se elimina el requisito de la cédula de habitabilidad de primera ocupación emitida por los consejos insulares, reemplazándola por una licencia municipal de primera ocupación para evitar redundancias.
El decreto prevé la regularización extraordinaria de ciertos edificios ilegales, permitiendo su legalización en un plazo de tres años, siempre que no estén sujetos a medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística y no enfrenten órdenes de expropiación o demolición.
Una guía para la simplificación administrativa y un plan integral de digitalización también forman parte del decreto, con el objetivo de automatizar ciertos procesos administrativos y mejorar la productividad general del servicio público.
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